Una sentencia estima dos demandas de UGT y de CCOO que dictaminan la aplicación de la revisión salarial del convenio de 2018 que no ha sido actualizado
23 de junio de 2022
Una sentencia de Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha condenado a las patronales del sector de dependencia FED, LARES y AESTE a aplicar un incremento salarial del 6,5% en 2022 y aplicar la cláusula de revisión del último convenio colectivo estatal de Servicios a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de Autonomía Personal, cuya vigencia expiró en 2018 y que ha sido prorrogado al no suscribirse uno nuevo que lo actualice.
El fallo judicial estima dos demandas de los sindicatos UGT y CCOO, que el alto tribunal acumula en el mismo proceso por asentarse en los mismos argumentos, que exigían la aplicación de la cláusula de revisión salarial de este convenio colectivo que incrementa las remuneraciones en función del IPC real y del Producto Interior Bruto (PIB) del año anterior.
La sentencia, que afecta en Cantabria a más de 6.000 trabajadores y trabajadoras, afirma de manera textual que existe «una clara interpretación que ofrece la literalidad de la norma para sentar la obvia obligación de que hasta que llegue un acuerdo expreso sustitutorio del VII Convenio, los conceptos retributivos se incrementarán anualmente en la misma cuantía del IPC real del año anterior».
En este sentido, la Audiencia Nacional obliga a aplicar una cláusula de revisión salarial que determina que se aumentarán los salarios según el IPC real con el que se haya cerrado el año anterior siempre y cuando en el mismo período el PI no haya crecido más de un 2%.
«Acreditado que en 2021 el PIB creció un 5,1% concurre la condición para que los conceptos retributivos en 2022 experimenten un crecimiento del 6,5% respecto a los percibidos en 2021», sentencia la Audiencia Nacional, que condena por «conducta empresarial temeraria» a pagar una sanción de 1.000 euros a cada una de las patronales del sector y abonar de manera solidaria los honorarios de los letrados de los sindicatos, tal y como solicitaba de manera expresaba la demanda interpuesta por UGT.
Según precisa la secretaria de Dependencia de la Federación UGT-Servicios Públicos en Cantabria, Margarita Pelayo, «la sentencia sólo viene a hacer justicia nunca mejor dicho porque se basa simplemente en obligar a las patronales a cumplir lo que firmaron en el convenio colectivo, ni más ni menos».
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