El Gobierno asegura que los datos del Observatorio de la Dependencia son «erróneos» y que «a día de hoy en Cantabria no existe lista de espera para acceder a ningún servicio«
Cantabria ha suspendido con una nota de 3,6 en atención a la dependencia con datos a diciembre de 2020, lo que supone un retroceso del 38% en comparación con un año antes, cuando rozó el 6 (5,7), y es la nota más baja registrada por la comunidad desde 2015, según los datos del XXI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que se ha dado a conocer este lunes.
No obstante, tras conocerse el informe la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria ha asegurado que los datos difundidos por el Observatorio de la Dependencia que cifra en 3.899 el número de personas desatendidas en nuestra comunidad autónoma son «totalmente erróneos» y «no se corresponden en absoluto a la realidad». «A día de hoy en Cantabria no existe lista de espera para acceder a ningún servicio: ni a la teleasistencia, ni a la ayuda a domicilio, ni a centro de día, ni a centro residencial», ha afirmado tajante el Ejecutivo cántabro en una nota de prensa en la que también ha destacado que el tiempo medio para la resolución de los expedientes y la asignación de recurso está «por debajo de los 100 días» –la norma establece un plazo máximo de 180-.
Según ha explicado la Consejería de Políticas Sociales, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que ha elaborado el estudio no computa las personas que han solicitado la valoración y que efectivamente han obtenido un grado de dependencia, pero que, sin embargo, han desistido de acceder a alguno de los servicios recogidos en la Ley. Así, de las 3.899 personas que esta organización dice que están «desatendidas», 3.649 –el 93%- en realidad han renunciado a la prestación por causas no imputables a la Administración.
La calificación de Observatorio hace que Cantabria se encuentre entre las comunidades a la cola en la atención a la Dependencia según los 14 indicadores empleados en la valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia, informa E. Press.
De hecho, según el Observatorio, el sistema de dependencia en Cantabria se paralizó en 2020, pues todos los parámetros del sistema atenciones, valoraciones, personas con derecho, solicitudes, etcétera, arrojan valores negativos, aunque son similares -incluso algo mejor- que la media nacional, en un año «aciago» para el sistema como secuencia de la pandemia por covid-19.
Las personas atendidas en Cantabria se redujeron un 0,33%, cuando la media nacional se incrementó un 0,82%; y el número de desatendidos (limbo) se redujo en 91 (-2,3%), pero no como consecuencia del número de personas atendidas (que decreció en 56) sino por el alto número de fallecidos en este ejercicio 2020.
Al ritmo de atenciones de los últimos años, Cantabria aún tardaría 6,4 años en atender a los 3.899 usuarios desatendidos.
Además, Cantabria ofreció en 2020 tasas de reposición negativas en prestaciones esenciales para el sistema como Atención Residencial (-71), Centro de Día (-343), o Ayuda a Domicilio (-102), que en buena medida se han visto compensadas con las atenciones en PECEF (354) y Teleasistencia (148).
Ante esto, el Gobierno asegura que históricamente donde mayor demora se ha producido ha sido en los centros residenciales de mayores; sin embargo, la pandemia ha provocado la caída de la demanda, algo que desde Políticas Sociales creen que será «circunstancial». De hecho, tal es así, indica la nota de prensa, que en la actualidad existen vacantes en todas las zonas básicas de servicios sociales, incluido Santander, que es donde siempre ha habido mayores dificultades debido también a que aglutina cerca de un tercio de la población de Cantabria.
«Salvo casos muy puntuales, como puede ser en Liébana, donde se está terminando de construir un nuevo centro, no existe lista de espera en Cantabria», han concluido.
La nota máxima que se puede obtener en cada uno de los indicadores es un 1 y Cantabria consigue la máxima calificación en cinco; un 0,5 en dos; un 0 en seis; y un -1 en uno, por lo que el resultado final es de 5. Al extrapolar este resultado a una escala de 10, Cantabria consigue una nota final de 3,6, solo superior a la de la Comunidad de Madrid y Aragón (3,2), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4).
En Cantabria, la cobertura de personas potencialmente dependientes es del 11,6 por ciento, la más baja de España; y es la quinta comunidad con mayor porcentaje de personas en lista de espera, un 18,5%, mientras que la media nacional es del 17,1 por ciento.
Además, es la tercera comunidad con mayor porcentaje de personas con derecho reconocido pendientes de atención, un 24,4%, solo inferior a La Rioja (29,3%) y Cataluña (31,9%). Y encabeza el porcentaje de personas solicitantes pendientes deresolución grado, un 29,4%, cuando la media es del 7,7%.
Por otro lado, mientras que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, aunque la Ley fija un plazo de 180 días, sólo hay cuatro territorios cercanos a esa cifra y son Ceuta, con una media de 76 días; Melilla, con 196 días; País Vasco, 138 días y Castilla y León, 187 días. En este caso, Cantabria está por debajo de la media, con 246 días.
Asimismo, el gasto público medio anual por persona potencialmente dependiente en España el pasado año fue de 1.158 euros, aunque por encima de esta cantidad y en primera posición se encuentra País Vasco, con un gasto medio de 1.677 euros, seguida de Cantabria, con 1.545 euros y Castilla y León, con 1.471 euros.
Según este dictamen, en España, los principales indicadores de gestión, no solo no han avanzado en el 2020, sino que han retrocedido a septiembre de 2019, una «catástrofe» generada por la Covid-19 y por la falta de medidas que deberían haber tomado el Gobierno de España y las comunidades para flexibilizar los procedimientos «y no paralizar los procesos».
Y es que en sólo cuatro comunidades aumentaron el número de personas reconocidas en situación de dependencia, Valencia (+12.378), Canarias ( +722), Baleares (+537) y Asturias (+386), el resto de los territorios retrocedieron.
Además, nueve comunidades terminaron el año con menos personas beneficiarias de prestaciones o servicios que al inicio del año, Madrid (-10.180), Cataluña, (6.796), Castilla La Mancha (-2.333), Aragón (-1.419), País Vasco (-1.305), La Rioja (-604), Navarra (-140), Ceuta y Melilla (-107), Cantabria (-56).
Valoración económica
Por otra parte, Cantabria aporta al sistema de la dependencia más de 122 millones de euros, el 88% del gasto público, y la AGE, 17,6 millones, apenas un 12% del gasto público total.
Durante 2020 Cantabria habría perdido un 4,7% del empleo, con 164 puestos destruidos como consecuencia fundamentalmente de la reducción de las prestaciones de contenido residencial y ayuda a domicilio.
Según el Observatorio, los recortes económicos del Real Decreto-Ley 20/2012 han supuesto un quebranto acumulado para el sistema cántabro de 73,8 millones de euros. La entidad afirma que con ese dinero podrían haberse atenido a 9.720 personas dependientes y haberse generado 1.659 puestos de trabajo.
Incidencia del covid
Entre marzo y diciembre de 2020 fallecieron en Cantabria 2.852 personas con solicitud de dependencia, un 25,9% más de lo esperado. Una vez excluidas las 124 personas que no acreditaban situación dedependencia, la cifra alcanza los 2.728 fallecidos, entre personas con derecho y pendientes de resolución de grado.
De ellas, el 81,1% estaban siendo atendidas pero el 18,9% restante formaban parte de la lista de espera, concretamente el 1,9% (52) estaban a la espera de resolución de grado y el 17% (463) tenían ya el derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación.
En definitiva, entre marzo y diciembre de 2020, en Cantabria fallecieron 515 personas en lista de espera de dependencia, sin ser atendidas.
En dicho periodo, la atención ha decrecido en todas las prestaciones,excepto en la teleasistencia. Destaca la reducción de 347 personas en centros de día y 251 en residencias, seguidas de 243 en el servicio de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia, 169 en el servicio de ayuda a domicilio y 97 personas en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
