La mayoría de comunidades no inspeccionan los centros ni una vez al año. La multa media por fallos graves es de 5.000 euros. El 25% de las sanciones se debe a falta de personal.
En Asturias, por ejemplo, toca a 39 instalaciones por cada supervisor.
No existe un marco estatal que fije cómo debe ser el control.
Los familiares asumen que deben impulsar las mejoras.
